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El agua es un bien escaso y se ha convertido en un recurso estratégico
tan valioso que en algunos países han llegado a producirse conflictos armados por lograr su control.
Pese a los compromisos internacionales por mejorar esta situación, en
pleno siglo XXI, 663 millones de personas en el mundo siguen sin tener
acceso a agua potable, declarado Derecho Humano en 2010.
Ilustración: MARÍA JOSÉ DURÁN
“Se teme que el problema sea más
grave de lo que se estima. Tener un grifo cerca de tu hogar te
contabiliza como persona con la que se ha cumplido el objetivo de
acceder al agua, aunque tengas que recorrer kilómetros hasta llegar a
él. No se tiene en cuenta su calidad, cuántas horas al día funciona o
cuántas tienes que esperar diariamente para obtenerla”, explica Moisès
Subirana, técnico de la campaña de agua de la ONG Ingenieros sin
Fronteras. Pobreza, intereses empresariales y gobiernos inestables han
hecho que, además, 2.500 millones de personas no tengan acceso al
saneamiento y 1.000 niños mueran cada día por enfermedades de transmisión hídrica según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.
En 1990, la OMS y Unicef comenzaron a
monitorizar el acceso a agua y saneamiento en el mundo. En aquel
momento, 1.300 millones de personas no disponían de él, casi la mitad de
la población mundial carecía de letrinas mejoradas y el 25% de los
habitantes del planeta defecaba al aire libre. En el año 2000, la ONU
firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
con los que se comprometía reducir estas cifras a la mitad para 2015.
Esta fecha límite ha llegado y, aunque la mayoría de países han cumplido
su promesa, todavía estamos muy lejos de cumplir el objetivo global en
saneamiento en vista de los datos del informe final de las dos organizaciones publicado el en junio de este año.
En 2010, según el documento, el objetivo de acceso al agua ya estaba
cumplido y el 77% de la población mundial disponía del recurso. En 2015,
la cifra alcanza el 91%, según la ONU. Pese al optimismo que pueden
infundir estas cifras, los datos en materia de saneamiento están muy
lejos de alcanzarse. En el informe final de la OMS se estima más de un
tercio del planeta sigue sin poseer instalaciones mejoradas (cuando
debía ser menos de la cuarta parte) y, de ellas, 946 millones continúan
defecando al aire libre (cuando debían ser 750).
Los mayores problemas están, cómo no, en los países en vías de
desarrollo. La región más afectada del mundo es África Subsahariana, que
no ha podido cumplir ninguno de los dos objetivos: cerca del 50% de las
personas sin agua limpia en el mundo vive en esta región y el número de
personas que no tiene retretes adecuados en esta zona representa casi
un tercio del total mundial. En esta área, según datos de la OMS, la
defecación al aire libre no solo no se ha reducido en las últimas
décadas, sino que ha aumentado por el crecimiento de la población y un
desarrollo insuficiente. Asia es la segunda zona más afectada, ya que el
39% de las personas sin agua segura y el 61% de las personas sin
letrinas vive en este continente. Pese a la rotundidad de las cifras
oficiales, la relatora especial de Naciones Unidas para el agua y saneamiento,
Catarina de Albuquerque, las ha puesto en duda porque la debilidad de
los indicadores y la ambigüedad de los datos hacen pensar que las cifras
reales son aún menos halagüeñas.
El acceso a ambos recursos es muy desigual en zonas urbanas y rurales.
La ONU asegura que el 80% de las personas sin agua potable vive en el
campo, igual que el 70% de quienes no disponen de saneamiento y el 90%
de quienes todavía defecan al aire libre.
“La falta de agua no es problema de escasez, porque las personas viven
en espacios donde hay una mínima disponibilidad. El problema es que la
calidad de estas fuentes no es suficiente”, explica Moisès Subirana,
miembro de Ingenieros sin Fronteras. Uno de los principales escollos
para mejorar la calidad es evitar la contaminación biológica. El consumo
de agua con bacterias y virus patógenos procedentes de la contaminación
fecal supone un problema casi tan grave como la falta de acceso a
recursos limpios. Según los últimos datos de Unicef,1.000 niños mueren cada día en el mundo por enfermedades de transmisión hídrica.
La instalación de letrinas y la normalización de su uso son los
objetivos principales para conseguir controlar enfermedades como la
diarrea, el cólera o la hepatitis, con las que podrían evitarse más de
840.000 muertes anuales, según la OMS.
Unas mujeres cargan agua en Mauritania / FRANCOIS LENOIR (ACH)
Andrés Hueso es experto en saneamiento en la ONG británica Water Aid,
que desde 1981 desarrolla proyectos de cooperación en materia de agua
en 37 países. “Históricamente, el trabajo en saneamiento ha estado
centrado en las infraestructuras pero no en la concienciación, que es la
clave para que la gente las utilice ahora y en el futuro. En muchas
escuelas de todo el mundo no hay letrinas ni acceso al agua y a la edad
en la que adquieres los hábitos no tienes el recurso. Eso es una
limitación, especialmente para que las niñas aprendan hábitos de higiene”, precisa.
El 42% de los centros de salud en África no tienen acceso a una fuente
de agua a menos de 500 metros. Hueso explica que una de las claves sobre
las que incide su organización por las graves consecuencias que tiene
para el contagio de enfermedades es que en las consultas médicas muchos
profesionales no puedan ni siquiera lavarse las manos. La OMS estima que
establecer hábitos de higiene básicos en mujeres embarazadas y
lactantes podría reducir un 25% la mortalidad de madres y neonatos.
La industria empeora el problema
Aunque la contaminación biológica es un factor de calidad de agua sobre
el que las organizaciones trabajan de manera directa, deben lidiar con
un problema mayor que se escapa a su control: la contaminación química
industrial del agua.
La pobreza, la falta de legislación de protección al medio ambiente y
la influencia que las grandes multinacionales ejercen sobre los
gobiernos débiles cuya prioridad no es la defensa de los derechos de la
población hacen que la lucha contra la contaminación industrial sea muy
compleja.
El primer mundo no se libra
Las situaciones más graves de acceso al agua se dan en los países
subdesarrollados pero el primer mundo no está exento de problemas con el
agua. Unos problemas que hunden sus raíces en el sistema económico
capitalista.
“Vivimos en una trágica paradoja: la crisis global del agua en el planeta azul”, afirma Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
La entidad, compuesta por expertos españoles y portugueses trabaja por
un cambio en las políticas hídricas y contra la privatización de un
recurso cuyo acceso es derecho humano.
“El agua ha entrado en la dinámica del mercado porque prima la visión
neoliberal. Según esta visión, es el mercado quien debe regir la
gestión de la vida pública, porque lo que no sea así, entorpece el
progreso. Para conseguirlo, se ha impuesto el modelo francés, que acepta
un criterio mercantilista: el agua es pública y las infraestructuras
también pero los derechos concesionales de explotación son privatizados.
Es decir, que el agua no es de las empresas gestoras pero es como si lo
fuera porque pueden vender el derecho a usarla”, detalla Arrojo.
“En esta dinámica perversa, con el agua convertida en un bien
económico, no tiene sentido hablar del acceso universal porque, si no
pagas, como no es un derecho humano sino un bien comercial, se te corta el suministro y punto. La privatización transforma a la ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre es expulsada”, critica.
La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento,
compuesta por entidades que promueven una gestión pública,
participativa y solidaria del agua, calcula que en 2013 se tramitaron
más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que al inicio de la crisis en
2007. De estos, un 60% fueron finalmente ejecutados con lo que, en
2013, 300.000 hogares en España se quedaron sin agua, según sus datos.
La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de un millón de personas en Europa no tiene acceso al agua potable.
La ONG Alianza por la Solidaridad ha lanzado el proyecto Tierrra para denunciar el “acaparamiento de tierras y de agua” de
las empresas. La campaña ha destapado ya varios casos de abuso de los
recursos por parte de grandes firmas de distintos sectores como el de la
minería o la industria alimentaria.
“A partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los alimentos,
empezamos a ver que por mucha tubería que pusiésemos, mucha capacitación
que hiciésemos y aunque formásemos a la gente, la cantidad y calidad
del agua no mejoraba. Fue entonces cuando decidimos hacer
investigaciones para ver cuál era el comportamiento de determinadas
inversiones extranjeras de empresas que estaban llegando con un renovado
interés por la agricultura y la generación de energía”, explica
Almudena Moreno, coordinadora de la campaña.
“El caso de la embotelladora de Coca-Cola en El Salvador es
uno de ellos. La planta se trasladó a Nejapa en 1999 tras secar el
acuífero en su anterior ubicación. Aunque los estándares internacionales
así lo recomiendan, la empresa no ha hecho estudios de impacto
ambiental y social de la planta ni tampoco ha cumplido su propio
compromiso de reducir un 22% el uso de agua en la fabricación de sus
bebidas”, detalla Moreno. “Por cada litro de Coca-Cola que fabrican,
utilizan 2,5 litros de agua. El resto lo vierten a la naturaleza. Esto
supone una amenaza para el derecho a este recurso de 30.000 personas en
Nejapa y del 30% de la población de San Salvador que dependen de este
acuífero”, precisa.
Tres años de lucha han sido necesarios para encontrar respuestas. Las
movilizaciones sociales y las 4.000 firmas recogidas tras la denuncia de
Alianza por la Solidaridad han conseguido que el Gobierno salvadoreño
establezca una moratoria de un año en la explotación del acuífero para
evaluar sus recursos y el impacto de las empresas. Durante este tiempo,
no se emitirán nuevos permisos de explotación a la espera de conocer las
reservas.
Pero, pese a los esfuerzos de los organismos internacionales para
mejorar la legislación y las exigencias en materia de medio ambiente,
las empresas siempre encuentran maneras de eludir responsabilidades.
“En Nicaragua hemos estudiado una empresa minera que es claro ejemplo
que lo está ocurriendo en todas partes del mundo. A medida que las leyes
ambientales y de protección de los trabajadores han ido en aumento, la
empresa ha convertido a los trabajadores en autónomos, comprándoles el
material que fabrican en las minas de oro. Por supuesto, extrayendo el
oro con mercurio y sin ningún tipo de protección. De esta manera, la
responsabilidad ambiental no es de la empresa sino de los propios
trabajadores”, relata Moreno. “Al ser metales pesados, las comunidades
no ven su toxicidad ahora sino a largo plazo y como es un recurso
económico inmediato lo aceptan sin tener en cuenta los efectos
posteriores”, cuenta la coordinadora de la campaña.
Alianza por la Solidaridad explica que “las inversiones pueden ser
rentables pero deben ser responsables” porque, de lo contrario, los
beneficios generados son solo para la empresa y no para las comunidades.
“Pero claro, la deslocalización seguramente les sale mucho más rentable
porque los condicionantes legales son mucho más bajos que los
estándares europeos que les obligan a pagar estudios y mediciones. De
forma que cierran fábricas aquí y las abren allí”, critica Almudena
Moreno, responsable del proyecto.
Agua en situaciones de emergencia
En un contexto donde las prioridades políticas y económicas están por
encima de las necesidades vitales, no es extraño que el agua sea motivo
de conflicto. El control del agua sirve para subyugar a la población y
ejercer presión sobre las comunidades. Organizaciones como Médicos sin Fronteras, cuya actuación se centra en conflictos y emergencias, lo saben bien.
El pasado mes de mayo, los sistemas de suministro de agua del campo de refugiados Denthoma 1 en Melut (Sudán del Sur) fueron boicoteados, dejando sin suministro a 20.000 desplazados que huyen de la escalada de violencia que se vive en la zona. Sudán, sumido en un conflicto desde diciembre de 2013, es
uno de los países con menor acceso al agua y saneamiento del planeta.
La ciudad de Melut es uno de los puntos más críticos y Médicos sin
Fronteras (MSF) tiene instalado un hospital de emergencia para atender a
miles de personas que huyen de la guerra.
MSF explica que durante la semana en que el equipo médico tuvo que ser
evacuado de la zona por el recrudecimiento de los combates, el hospital
de campaña fue destrozado, las farmacias saqueadas y el único sistema
disponible para el suministro de agua, inutilizado. Diez de los
depósitos principales tenían agujeros de bala, los tanques habían sido
tiroteados y las válvulas habían sido bloqueadas con botellas de
plástico para que el agua potable, si llegaba, no circulase. Durante
tres días, los 20.000 habitantes habían estado bebiendo agua del Nilo
directamente sin tratar.
“En las zonas de conflicto la población es muy móvil y las soluciones
de acceso al agua son diferentes en relación con el tipo de
asentamiento”, explica Cristina Imaz, responsable de Logística de la
Unidad de Emergencias de Médicos sin Fronteras. “Donde la población es
más móvil, como en Yemen, que escasea el combustible y el agua hay que
extraerla de pozos, la llevamos con camiones porque, aunque pongamos
otro sistema, al día siguiente la gente ya se habrá ido. En esos casos,
el acceso continuo al agua es casi imposible”, explica. En asentamientos
más estables, con campos de refugiados que pueden estar abiertos
durante años, MSF instala sistemas de abastecimiento más definitivos que
permitan el mejor suministro posible. Soluciones provisionales que, en
muchas ocasiones se acaban convirtiendo en la única fuente de agua
potable durante generaciones.
¿Hacia dónde vamos?
En septiembre de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas se reunirá para renovar los compromisos y publicar los nuevos “Objetivos de Desarrollo Sostenible” con los retos a cumplir antes de 2030.
Todas las previsiones apuntan a que el compromiso en materia de agua y
saneamiento será lograr el pleno acceso para todas las personas del
mundo. Al no haberse conseguido los objetivos para 2015, con 663
millones de personas que no tienen acceso a la primera y 2.500 millones
sin acceso al segundo, el esfuerzo para conseguir el pleno acceso deberá
ser mucho mayor. Naciones Unidas advierte ya de que, al ritmo de
reducción actual, la defecación al aire libre no se eliminará para 2030.
“Con el escenario de cambio climático,
lluvias más erráticas y un aumento del estrés hídrico en los países, el
escenario no es muy halagüeño, sobre todo en las zonas rurales. Además,
es importante priorizar el uso de agua para consumo doméstico frente al
industrial. Si esto no se controla, especialmente en zonas rurales,
junto al efecto del cambio climático, el panorama no es muy halagüeño”,
explica Almudena Moreno, miembro de Alianza por la Solidaridad.
“La parte técnica no tiene tanta complejidad. Lo complejo es la parte
institucional”, afirma Andrés Hueso, miembro de Water Aid. “Si los
financiadores no establecen un plan y cada ONG va por separado, liamos a
los gobiernos porque hay muchos pequeños proyectos que solo llegan a
áreas muy concretas. Hay que ponerse a trabajar en la misma dirección y
ese proceso deben liderarlo las autoridades públicas del país”.
Ingenieros Sin Fronteras explica que hará falta algo más que eso para
conseguir que el pleno desarrollo sea real. “Las políticas de inversión
en desarrollo deben cambiar porque ahora no dependen en primer lugar de
la necesidad humana sino del retorno que pueda haber de esa inversión”,
critica Moisès Subirana. “Las políticas internacionales de desarrollo,
desde mediados de los ochenta, han desprestigiado lo público por
obsoleto, corrupto o estático y a finales de los noventa dos tercios de
los créditos que dio el banco mundial a los países para su desarrollo
estaban condicionados a alguna forma de privatización del servicio del
agua”, explica. Subirana acusa al Banco Mundial de estar dando más
ayudas al desarrollo a los países que mejor pueden garantizar el retorno
de las inversiones y no a los más las necesitan.
Pedro Arrojo, miembro de la Fundación por la Nueva Cultura del Agua,
asegura que para conseguir los objetivos en 2030 habrá que hacer un
cambio profundo: “El derecho humano no es lo único, no vivimos solo de
derechos humanos. Está en juego un modelo de democracia, qué cosas
dejamos en manos del libre mercado, qué cosas son de todos y todas y no
podemos permitirnos dejar en manos de la mercantilización”.
27 de julio de 2015
Fuente: El país
PILAR ALMENAR VARA
